Raleigh, 11 de mayo 2016.- La mayoría republicana en la Asamblea General del estado ha lanzado un nuevo ataque contra los inmigrantes en Carolina del Norte mediante un proyecto de ley presentado el martes en el Senado y que plantea prohibir que las agencias policiales en el estado acepten identificaciones comunitarias como las que se emiten bajo el programa FaithAction ID para identificar a personas indocumentadas.
El proyecto de ley SB 868, patrocinado por los senadores republicanos Norman Sanderson (Distrito 2), E.S. Newton (Distrito 11) y Andrew C. Brock (Distrito 34), plantea eliminar una excepción a la controvertida ley estatal HB318, la cual prohibió a oficiales locales y estatales aceptar ciertas formas de identifición como los documentos consulares.
La excepción, aprobada en la madrugada del último día de la sesión legislativa el año pasado, permite a las agencias del orden en el estado aceptar identificaciones "creadas por cualquier persona, organización, condado, ciudad u otra autoridad local" para determinar la identidad de una persona cuando no hay otra forma de identificación disponible.
De acuerdo con el proyecto HB 868, dicha enmienda quedaría anulada y las agencias policiales no podrían seguir aceptando otras formas de identificación no oficiales como las tarjetas de identificación del programa de identificaciones para personas indocumentadas que ejecuta la organización FaithAction International House.
La enmienda a la ley HB318 es la que ha permitido la vigencia de dicho programa de identificaciones comunitarias creado hace dos años y que hoy es aceptada por agencias policiales en diversas ciudades y condados a lo largo del estado con el objetivo de crear una relación de confianza entre la policía y la comunidad indocumentada.
El proyecto de ley SB 868 establece también que las ciudades, condados y agencias policiales que inclumplan con el mandato de no aceptar formas de identificación no oficiales no podrán recibir fondos estatales durante el año fiscal posterior a la fecha en la que se determinó la violación a la ley.
Si los municipios, condados o agencias del orden incumplen con demostrar que están cumpliendo con la ley en un plazo de 60 días, la penalidad de no recibir fondos estatales se ampliará automáticamente por un año fiscal adicional.
El proyecto de ley SB 868 crea además un procedimiento para que cualquier persona pueda reportar ante la oficina del Fiscal General del estado cuando una agencia policial o autoridad local o municipal está violando la ley al aceptar las identificaciones que no son reconocidas bajo esta norma.
La oficina del Fiscal General del estado se encargará de investigar las quejas y determinar si hubo o no una violación a la ley.
Si el proyecto de ley SB 868 se convierte en ley se haría efectivo a partir del 1 de agosto de 2016.
El proyecto está en la agenda de la sesión del senado para hoy miércoles donde pasará su primera lectura, de acuerdo con el procedimiento legislativo.