Raleigh .- El proyecto de ley HB 36, que prohíbe la contratación directa o indirecta de trabajadores indocumentados por parte de gobiernos locales u organismos del estado, dio un paso adelante hacia una eventual aprobación en la Cámara de Representantes de Carolina del Norte.
La medida, que además regula el uso obligatorio del programa federal de verificación de empleo E-Verify, recibió 19 votos y 14 en contra y fue referida a un sub-comité judicial, donde volvería a ser estudiada en breve, aunque esto dependerá del liderazgo republicano en la Cámara.
El patrocinador de la norma es el político republicano George Cleveland, quien defendió su propuesta porque aseguró que es una buena manera de asegurar que los trabajos que se generan desde los gobiernos locales o del estado, irán a parar a “manos estadounidenses” en lugar de favorecer a indocumentados.

Qué dice el proyecto de ley
De acuerdo al texto del proyecto de ley, cualquier contratista o subcontratista, se verá en la obligación de revisar y comprobar el estatus legal de cada uno de sus empleados al momento de adjudicarse una licitación.
También define lo que representa ser un “contratista” y detalla que el término significa “cualquier persona, firma, asociación o corporación que desee participar en una licitación o contrato con cualquier departamento del estado, institución, agencia o cuerpo de gobierno o una subdivisión política del estado para realizar una construcción, trabajo de reparación, proveer material, repuesto o equipamiento”.

Irán a la cárcel por papeles falsos
Se establece que cualquier individuo que provea información falsa sobre su estatus legal para trabajar, podría ser procesada criminalmente por un delito Clase I, que dependiendo el caso, acarrea de uno a 45 días en prisión.
En el lado de los contratistas o subcontratistas, el transgredir la ley determinaría la finalización del contrato o la obra, además se les impediría participar en otro concurso por lo menos un año.
“El avance de esta propuesta va a depender mucho de las prioridades republicanas”, dijo Irene Godínez, cabildera de la Coalición Latinoamérica de Charlotte, que la semana pasada estuvo presente en la lectura de la HB 36 en un Comité de Gobierno de la Cámara de Representantes. “En estos momentos ellos tienen muchos temas pendientes, no sabemos realmente qué tan importante será este proyecto para ellos”.
De convertirse en ley, empezaría a regir desde el 1 de octubre de este año y se calcula que afectaría a una buena cantidad de trabajadores hispanos en el estado.
“Muchos inmigrantes trabajan en obras públicas que son ejecutadas por subcontratistas y contratistas, que poseen relaciones comerciales con gobiernos locales y el estado”, dijo la cabildera latina. “De aprobarse podría tener un gran impacto en nuestra comunidad”.
Durante la lectura de la norma la semana pasada, Godínez criticó los intentos de Cleveland por pasar una legislación de este tipo, pero en el lado antiinmigrante se vio a William Gheen, de ALIPAC y Ron Woodard, de NC Listen, respaldando al congresista.
Algo que llamó la atención fue el pedido del representante demócrata, Marcus Brandon, quien solicitó dejar de utilizar la expresión “inmigrantes ilegales” y pidió tener un diálogo con altura, donde primara el respeto hacia los demás.