Charlotte.- La organización de defensa de derechos civiles, Unidos We Stand, con sede en el condado de Gaston, ha estado solicitando la liberación  de siete inmigrantes indocumentados de las Carolinas, internados en el Centro de Detención privado de ICE Stewart, en Lumpkin, Georgia.

 

Peligro de contagio

La petición de Unidos We Stand se da en razón al peligro que representa el contagio con Covid-19, en esa cárcel donde se han registrado más de 40 casos de empleados infectados y denuncias de al menos 40 reclusos víctimas del virus.

“Varios detenidos se están quejando de los síntomas relacionados con el brote de coronavirus como lo describen los CDC”, apuntó Unidos We Stand, en una carta firmada por Byron Martínez, director de la organización.
“Pedimos a los funcionarios de ICE que liberen a los reclusos bajo su propio reconocimiento y que les proporcionen pulseras de monitoreo GPS para que puedan evitar contraer el virus o si de hecho ya están infectados para buscar atención médica y tratamiento adecuados, fuera de los muros del encarcelamiento”, señaló el director de Unidos We Stand, en la solicitud formal a la Oficina de Atlanta del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que tiene jurisdicción en el estado de Georgia y las dos Carolinas.

Entre los detenidos hay nacionales de México, Honduras, El Salvador y Guatemala, y su lugar de residencia corresponde a las áreas metropolitanas de Charlotte y  Raleigh en Carolina del Norte y Spartanburg, Myrtle Beach, y Charleston, en Carolina del Sur.

Nehemías Audulio Velásquez Rivera, radicado en Charlotte, oriundo de Guatemala, tiene un hijo ciudadano estadounidense, teme regresar a su país por razones de seguridad y tiene posibilidades de aplicar por la Visa U,
Manuel Aníbal Contreras Díaz, afincado en Charlotte, originario de El Salvador, tiene un proceso de visa U pendiente con su esposa.

Jenson Albán Funes Cruz, radicado en el área de Raleigh, oriundo de El Salvador, tiene una apelación pendiente de ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).

Celestino González Navarro, afincado en el área de Raleigh, originario de México, tiene una apelación pendiente en la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), en Virginia.

Rigoberto Torres Alonzo, radicado en Myrtle Beach, Carolina del Sur, oriundo de México, tiene tres hijos ciudadanos estadounidenses, uno con una afección médica  y su esposa requiere una cirugía, debido a un accidente automovilístico.

Kelvin Bueso Vásquez, afincado en Spartanburg, originario de  Honduras, tiene una apelación pendiente con la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), en Virginia, una solicitud de y una queja pendiente ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Washington, debido al brote del COVID-19 en la prisión de Stewart.

Heyron Alfonso Maradiaga, radicado en Charleston, Carolina del Sur, oriundo de Honduras, tiene un hijo ciudadano de Estados Unidos, y dos hijastros de su esposa ciudadana americana Alyssa Nadine Arlequín Maradiaga. La esposa de Madariaga tiene más de cinco meses de un embarazo de alto riesgo y ha sido hospitalizada en numerosas ocasiones. Además, el padre fue diagnosticado  de cáncer en 2019 y le extirparon un órgano. La detención le ha complicado la atención médica y el seguimiento a su afección.

 

ICE Contestó

El funcionario de ICE, R. Brandon Eccles, emitió la siguiente respuesta al pedido de Unidos We Stand: “ICE continuará priorizando la seguridad de todos los detenidos, empleados y contratistas durante la duración de esta pandemia”.

 

Cuestionan seguridad sanitaria

No obstante, organizaciones de defensa de los inmigrantes han criticado el manejo de la pandemia en la prisión que tiene más de 1,900 reclusos, donde por el hacinamiento se hace difícil mantener normas de distanciamiento.

Los detenidos han protestado, mediante huelgas de hambre, por el racionamiento del papel higiénico y el escalamiento de casos de contagio del novel coronavirus entre guardias y reclusos.

“Los números hablan por sí solos”, dijo Martínez, de Unidos We Stand.

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