Raleigh.- Cuando los gobiernos locales adoptan funciones de inmigración como el programa 287(g), la medida representa altos costos y riesgos en el ámbito legal, según expertos.

Para que el que alguacil del condado Nash implemente esta clase programa federal, requiere hacerse cargo de prácticamente todo el presupuesto necesario, como indica el acuerdo de entendimiento que firmó a finales de enero. Además, si detiene a un inmigrante por más de 48 horas para que agentes migratorios lo recojan, podría violar la constitución.

“Hemos visto muchos problemas con el programa 287(g) en el pasado”, dijo en una entrevista con Qué Pasa Joshua Breisblatt, analista de políticas en el American Immigration Council, una organización sin fines de lucro basada en Washington DC, dedicada a analizar el impacto de las leyes migratorias.

En entrevista con este semanario, el sheriff Keith Stone del condado Nash se negó a compartir detalles sobre su presupuesto para ejecutar el programa 287(g), que comenzó a operar recientemente dentro de la cárcel que administra.

Sin embargo, de acuerdo con Breisblatt, casos similares de Carolina del Norte en los condados Mecklenburg y Alamance, resultaron en un costo de $5.4 millones y $4.8 millones respectivamente, durante su primera año cuando iniciaron el programa hace varios años. Según el analista, más allá de entrenamiento, las agencias del orden local no reciben más apoyo de ICE para mantener activo el 287(g), ni algún tipo de reembolso ni recompensa.

Detenciones podrían ser ilegales
La semana pasada, cinco organizaciones que trabajan a nivel nacional en defensa de los derechos de los inmigrantes publicaron un estudio conjunto que analiza los riesgos legales que pueden ocurrir cuando los gobiernos ejecutan leyes federales de inmigración.

De acuerdo con este estudio, si la agencia local detiene a una persona por más de 48 horas esperando a que agentes de ICE lo tomen en custodia y sin ningún otro cargo criminal, puede existir una violación a la cuarta enmienda de la Constitución.

“Si no hay ‘causa probable’ ni una orden de arresto, la persona está siendo arrestada sin motivo”, explicó Breisblatt, quien señaló el caso del estado de Oregon, donde no se respetan las “detenciones” de inmigración después de que una corte estatal lo consideró anticonstitucional.

Menos reportes de crímenes
Otro problema que señaló el experto es que cuando estos programas para perseguir a los indocumentados se implementan en las comunidades, sube el nivel de miedo y desconfianza de este grupo de la población hacia la autoridad, lo cual equivale a una disminución en los reportes del crimen y menor seguridad pública. 

“Hemos visto que esto ha sucedido en el último año”, dijo Breisblatt, en relación al temor que ha incrementado entre los inmigrantes desde la presidencia de Donald Trump.