Raleigh.- La presentación de tres proyectos antiinmigrantes, durante la primera semana del inicio de sesión legislativa 2021-2022 de Carolina del Norte, podría ser el indicio de lo que enfrentará la comunidad inmigrante del estado durante los próximos dos años en un Congreso estatal dominado por la bancada republicana.

Los representantes Harry Warren (Distrito 76), George Cleveland (Distrito 14) y Mike Clampitt (Distitro 119) presentaron la propuesta HB 28 (Notary Public/ Noncitizens). El mismo grupo junto con Larry Yarborough (Distrito 2) introdujo la HB 29 (Verification of Immigration status – SAVE). Mientras que en la HB 43 (Protect North Carolina Workers Act) no participa, hasta el momento, Waren.  

El primer proyecto busca definir lo que significa ser un residente legal en el estado. El segundo obligaría a todas las agencias estatales a verificar el estatus migratorio de aquellas personas que soliciten un beneficio público o una licencia ocupacional. El tercer proyecto busca aumentar el número de empleadores que deben participar del programa E-verify, derogar la extensión del mismo para empleados temporales y no considerar los trabajadores agrícolas como “empleados”.

HB29

Este proyecto indica que las agencias del estado deben verificar el estatus migratorio y la elegibilidad para solicitar beneficios públicos que abarcan jubilación, salud, discapacidad, vivienda asistida, educación, asistencia en alimentación, desempleo o “cualquier otra prestación similar por la que se pague o se proporcionan a un individuo, hogar o unidad de elegibilidad familiar por una agencia de un estado o local gobierno o por fondos asignados de un gobierno estatal o local”.

Además establece que, desde el 1 de enero de 2022, ninguna agencia estatal, junta de licencias de agencias estatales ni la junta de licencias pueden proporcionar un beneficio público a cualquier solicitante “a menos que se haya verificado el estado migratorio del solicitante”.

Adicionalmente, la HB29 indica que a partir del 1 de diciembre de 2021 y cada año, cada agencia estatal, junta de licencias de agencias estatales y junta de licencias ocupacionales deberán informar a la Junta del Comité de Supervisión Legislativa del Gobierno General para que también haga el mismo chequeo de estatus.

La verificación sería mediante el sistema informático SAVE, que es usado por el Departamento de Seguridad Nacional y que permite a las agencias federales, estatales y locales verificar el estado migratorio o la ciudadanía por naturalización.

Para obligar a que las agencias cumplan, la HB29 posibilita que cualquier individuo pueda entablar una acción legal si llega a la conclusión de que no se cumple la ley.
Esta propuesta pas el lunes su primera lectura y fue derivada al Comité Judicial.

HB 28

Este proyecto de Cleveland, Warren y Clapitt insiste en un proyecto de ley que busca aclarar el significado de “residir legalmente” en Carolina del Norte.

Es así como para estos legisladores dicho cambio semántico debe aclarar que un residente legal es un ciudadano de Estados Unidos, un inmigrante admitido legalmente para residencia permanente o un no inmigrante que ingresó al país con permiso bajo un estado de no inmigrante y actualmente está autorizado para trabajar en EE.UU.

Luego de su primera lectura pasó al Comité Comercial.

En 2019 Cleveland patrocinó un proyecto similar: HB 355 que se quedó en el Comité de Reglas y Operaciones.

HB 43

La HB 43, que fue presentada el martes 2 de febrero, aumentaría el número de empresas con el requisito de participar en el programa federal E-Verify, el cual se utiliza para asegurar que los documentos que las personas presentan en el proceso de contratación sean legítimos.

En la actualidad, solamente las empresas con más de 25 empleados deben utilizar el sistema E-Verify, pero si esta propuesta se convirtiera en ley, la cifra se reduciría a 5 empleados contratados para estar obligado a utilizarlo.

Asimismo, el proyecto de ley también intenta cambiar la definición de “empleado” y, en términos legales, quitaría de esta categoría a los contratistas independientes, a los trabajadores del campo y a quienes realizan labores domésticas en residencias privadas de manera “esporádica, irregular o intermitente”.

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