Raleigh.- Frente a un altar en memoria de sus compañeros que han fallecido debido al COVID-19, varios trabajadores agrícolas hispanos dieron testimonios sobre las condiciones laborales que los ha convertido en uno de los grupos más vulnerables durante la pandemia en Carolina del Norte. Al unísono pidieron que el gobernador Roy Cooper y el Departamento de Labor “dejen de lado las guías” para tomar medidas más concretas que los proteja.

“Estos compañeros que están en este altar, que perdieron la vida y aquellos que están en un hospital enfermos (de COVID-19)  merecen que alguien salga hablar por ellos”, dijo la trabajadora Alicia Soriano ante un grupo de periodistas convocados por el Ministerio Episcopal de los Trabajadores del Campo y el Centro de Trabajadores del Oeste de Carolina del Norte, en la plaza Bicentenario en Raleigh la noche del 5 de noviembre, dos días después de las elecciones generales donde Cooper resultó reelecto como gobernador de NC.

Hasta el 10 de noviembre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) había reportado 297,442 diagnósticos positivos de los cuales casi 60 mil corresponden a personas que se han identificado como latinos/hispanos. De las casi 5,000 muertes, 400 son de latinos.

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Tanto la Secretaría de Salud Mandy Cohen como el gobernador Cooper se han mostrado alarmados por el continuo incremento de los casos.

“Tuve que renunciar a mi trabajo por la cantidad de contagios que hubo. Trabajamos 16 personas en una máquina plantando tabaco, hombro a hombro, no teníamos distanciamiento social y nos hicieron llegar ningún tipo de protección. La falta de acción del gobierno ha llevado a muchos compañeros a enfermarse y en muchos casos a la muerte”, contó la trabajadora.

De acuerdo con los datos publicados el 9 de noviembre por el NCDHHS 3,969 casos de COVID-19 han ocurrido en procesadoras de carnes y aves de corral y 321 en procesadoras de alimentos.

“No somos trabajadores desechables. Somos quienes llevamos el alimento a la mesas y merecemos respeto. Pedimos al gobernador (Cooper) que tome acción¨, señaló Soriano.

Para Evelyn, una trabajadora de una pollera del condado Morganton, la situación que han enfrentado es grave. Contó que entre mayo y junio, alrededor de 600 compañeros dieron positivo al COVID-19.

“Cuando comenzó el COVID-19 no nos daban protección. Cuando las personas se sentían mal con la enfermedad no les daban permiso. Salieron como 600 personas positivas y tres fallecieron. Dos hispanos y un moreno”, dijo. “Cuando yo salí positiva no quisieron darme permiso para ir a casa… me decían aguanta, aguanta... hasta que no les mostré el papel que decía que lo tenía (COVID-19)”.

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Hunter Ogletree, del Centro de Trabajadores del Oeste de Carolina del Norte y cuyo miembro trabajan en las polleras Case Farm en Morganton y Tyson en Goldsboro, reiteró el pedido que su organización y otras a través del estado han hecho al gobernador y al Departamento de Labor: dejar de lado las guía y establecer medidas más concretas en favor quienes laboran en el sector agrícola.

“Estamos acá para presionar al Departamento de Labor a aceptar una petición de reglas de protección para los trabajadores durante la pandemia. No queremos una guía sino una regla que tenga un real impacto”, dijo Ogletree a Qué Pasa.

Fotos: Qué Pasa.