Raleigh.- El gobernador Pat McCrory anunció la semana pasada que se ha unido a otros gobernadores y procuradores generales del país en una demanda judicial que desafía la acción ejecutiva del presidente Barack Obama para dar alivio migratorio temporal a ciertos inmigrantes indocumentados que viven en el país.

“En Carolina del Norte, el décimo estado más poblado, las acciones del presidente podría poner aún más presión financiera sobre los servicios del gobierno estatal”, declaró McCrory. “Es decepcionante que el presidente haya mostrado poca consideración con los estados que deben asumir los costos de sus acciones”.

El gobernador de Carolina del Norte afirmó que con su Acción Ejecutiva sobre inmigración, “el presidente ha sobrepasado las provisiones del balance de poder establecido por la Constitución de Estados Unidos y esa expansión unilateral de poder debe ser desafiada”.

McCrory se unió así a una querella liderada por el actual procurador general y gobernador electo de Texas Greg Abbott y en la que participan autoridades de 17 estados del país.

Junto a McCrory se unieron a la demanda contra Obama los gobernadores de Mississippi, Maine y Idaho.

Además figuran como demandantes 14 procuradores generales de los estados de Texas, Alabama, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Louisiana, Montana, Nebraska,Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, Virginia Oeste y Wisconsin.

Según los demandantes, Obama presuntamente violó la cláusula “Take Care”, Artículo II, Sección 3, Cláusula 5, de la constitución la cual señala que el presidente debe cuidar que las leyes aprobadas por el Congreso se cumplan y sean ejecutadas.

Alegan además que el presidente “Obama reescribió la ley de inmigración bajo el disfraz de una acción ejecutiva” y anotan que la constitución en su artículo I, Sección 8, cláusula 4, otorga al Congreso, no al presidente, el poder de establecer una regla uniforme de naturalización.

La demanda dice también que la administración Obama violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al emitir una guía al Departamento de Seguridad Nacional que esencialmente es una regla legislativa porque crea nuevos derechos federales, responsabilidades y obligaciones con efecto de ley.

Indica que la ley APA establece que tales reglas deben ser notificadas públicamente, permitir comentarios del público y ser sujetas a una revisión judicial.

“Esta demanda es sobre la defensa de la Constitución de los Estados Unidos y el Estado de Derecho, que es la razón por la que Carolina del Norte debe unirse con otros estados para detener la expansión del poder presidencial” declaró McCrory.