Charlotte.- En noviembre de 1898 una insurrección de ciudadanos blancos le hizo un golpe de estado a un gobierno municipal birracial legítimamente constituido en la localidad de Wilmington, en la costa de Carolina del Norte.
Una turba quemó un periódico de propiedad de un afroamericano, asesinó a pobladores negros y originó el éxodo de habitantes de color.

Dos años después, la Legislatura de Carolina del Norte impuso restricciones a los votantes afroamericanos, mediante una enmienda constitucional.

La enmienda contempló: pruebas de analfabetismo, impuestos y privilegiar el derecho al voto a aquellos que tenían ancestros que votaban antes de la Guerra Civil, que se peleó a mediados del Siglo 19.

La segregación racial imperante en el Sur del país prevaleció hasta la década de los 60 y una de las medidas que tomó la administración del presidente Lyndon B. Johnson fue proteger el derecho al voto de los afroamericanos, que era vulnerado en varios estados, pese al establecimiento de leyes de derechos de votantes en 1957, 1960 y 1964.

La Ley de Derechos de los Votantes de 1965 marcó un parteaguas para garantizar la votación negra en estados y condados del país.

La norma estableció la supervisión por parte del Departamento de Justicia de las acciones locales y estatales para evitar posibles procedimientos racistas destinados a suprimir el voto minoritario.

Sin embargo, la Corte Suprema decidió en una votación de 5 a 4 abolir el artículo, que permitía al Departamento de Justicia identificar las áreas que necesitaban la supervisión federal.

A principios de la semana pasada la Corte determinó que Alabama, Alaska, Arizona, Georgia, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur y Texas, no requerían de la vigilancia del Departamento de Justicia.

El mismo veredicto dejó sin efecto la supervisión en condados de Virginia, California, Florida, Nueva York, Dakota del Sur, Michigan, New Hampshire y la mitad de Carolina del Norte,

En el último lustro localidades de Alabama, Arizona y Texas habían impugnado la ley, argumentado que ya era obsoleta y chocaba con los derechos de los estados.

Uno de los casos se dio en el condado de Shelby en Alabama y la Corte declaró inconstitucional la sección 4 de la ley, que era el pilar de la normativa.

El caso enfrentó al condado con la ACLU, la Conferencia Estatal de Alabama de la NAACP y varios residentes afroamericanos del condado de Shelby.

Los votantes negros consideraron que sus derechos electorales resultarían afectados al desaparecer la protección.
El presidente de la Corte, John Roberts, explicó que no se había invalidado toda la ley, pero que el Congreso debe legislar al respecto.

La Corte mantuvo la sección 5, que también permite que el gobierno federal demande a gobiernos locales y estatales si violan los derechos de sufragio, pero la legislación fuerte estaba en la sección 4, que daba facultades más amplias al Departamento de Justicia.

La medida deja desprotegido al voto hispano de posibles abusos.

El Acta de Derechos de los Votantes de 1965 era considerada como un logro de la lucha de los derechos civiles, que encabezó el reverendo Martin Luther King.