Raleigh.- Mientras casi cinco millones de inmigrantes indocumentados aguardan la decisión que tomará este mes la Corte Suprema en torno a la demanda contra los programas de alivio migratorio anunciados en 2014 por el presidente Barack Obama, los expertos opinan que los jueces supremos se encuentran divididos, lo que deja en la incertidumbre el esperado fallo.

El abogado Hassan M. Ahmad, quien es miembro de la Barra de Abogados de la Corte Suprema de Estados Unidos, dijo que después de asistir a las audiencias en el máximo tribunal sobre la disputa entre Texas y otros 25 estados contra la administración Obama, parece haber un empate entre los jueces a favor y en contra de los programas migratorios de Acción Diferida conocidos como DAPA y DACA extendido.

“La mayoría de mis colegas piensa que hay un empate 4-4”, dijo Ahmad en una entrevista con Qué Pasa. “Si eso pasa no tedríamos DAPA y DACA porque prevalecería la decisión de la corte inferior. Necesitamos una votación de al menos 5-3”, indicó.
En este momento hay sólo ocho jueces activos en la Corte Suprema tras la muerte en febrero del conservador Antonin Scallia, por lo que no hay un voto dirimente en la Corte Suprema de Justicia.

Ahmad indicó que  tras escuchar los argumentos orales presentados por ambas partes de la demanda en abril, todo indica que los jueces Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer se inclinarían a favor del gobierno federal, mientras que los conservadores Anthony Kennedy, Clarence Thomas, Samuel Alito y el presidente del tribunal, John Roberts, respaldarían a Texas y a los estados.

“El juez Roberts fue muy crítico con el gobierno federal y más suave con Texas. Por eso mucha gente cree que irá con Texas. Si eso pasa, tendremos un empate entones no habrá DAPA y DACA”, comentó el abogado.

Sin embargo Ahmad indicó que hay esperanza que al menos uno de los cuatro jueces considerados conservadores puedan fallar a favor del gobierno, si es que se ciñen estrictamente al asunto legal y no son influenciados por el debate político en torno a los alivios migratorios.

“Al final ellos están tratando de un asunto constitucional y no de un asunto político”, dijo el abogado.

“Si es así, la votación podría ser incluso 6-2 a favor del gobierno. Muchos creen que el juez  Kennedy y Roberts podrían votar a favor del gobierno, pero yo pienso que es mas fácil que Kennedy cambie de lado a que Roberts lo haga”, indicó Ahman.

Demanda se pudo evitar
El caso llegó a la Corte Suprema luego de que el gobierno federal apelara en cortes inferiores una decisión del juez de Texas Andrew Hanen, quien en febrero de 2015 ordenó frenar la puesta en marcha de los programas DAPA y DACA extendido, argumentando que el Presidente había excedido sus atribuciones constitucionales al diferir la deportación de ciertos inmigrantes que llegaron al país irregularmente.

Para Ahmad, aunque el Presidente tiene la facultad constitucional para decretar esos alivios migratorios, el gobierno federal pudo haber evitado la demanda si es que hubiera seguido el proceso regular  antes de anunciarlos.

“Obama y la administración deberían haberlo hecho de la forma correcta, es decir colocarlos en el registro federal, permitir a la gente hacer sus comentarios, pero no lo hicieron”, opinó.

“No siguieron el procedimiento y quedaron vulnerables a una demanda”, añadió el abogado que consideró que ese error de procedimiento fue aprovechado por autoridades y políticos antiinmigrantes para bloquear los programas migratorios.

“Si no hubiera tanto sentimiento antiinmigrante esto no habría pasado, pero el gobierno pudo y debió haber hecho lo correcto”, comentó el experto.