Charlotte (NC), 8 may (EFEUSA).- Un fiscal en un condado de Carolina del Norte niega certificaciones para la concesión de visas a inmigrantes hispanas víctimas de diversos crímenes cuando el victimario también es hispano, una circunstancia que algunos expertos califican de "discriminación".
Según informó hoy el periódico "The Charlotte Observer", el fiscal Locke Bell, del condado Gaston, al norte del estado, rechaza las solicitudes de comprobación de que un inmigrante latino ha sido víctima de casos de violencia doméstica, violación, tráfico humano u otro crimen cuando el acusado pertenece también a esta comunidad.
"La ley nunca fue creada con la intención de proteger latinos de los latinos. Fue diseñada para protegerlos de las áreas con alta concentración de crímenes", declaró Bell al medio.
La práctica del fiscal se dio a conocer luego que rechazara la solicitud de una inmigrante hondureña víctima de violencia doméstica por parte de su pareja de origen mexicano al considerar que "un asalto de un latino contra un latino no es justificación según el estatuto de la ley".
En octubre del año 2000, el Congreso aprobó el Acta de Protección contra la Violencia y Tráfico Humano (VTVPA) con el propósito de ayudar a las agencias del deber a investigar los casos que involucran a víctimas inmigrantes.
Los indocumentados que han sido víctimas de crímenes pueden solicitar la visa U ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), pero primero deben obtener la certificación por parte de las agencias del deber.
De acuerdo a la normativa vigente, las agencias del orden público tienen la "discreción" de otorgar o negar la certificación de las víctimas de crímenes, que es uno de los principales requisitos para obtener las visas U.
El Gobierno federal otorga cada año 10.000 visas U de un promedio de 26.000 solicitudes a nivel nacional.
Para la profesora de leyes Deborah Weissman, de la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill (UNC-CH), las acciones de Bell "violan las leyes federales" y es un "claro caso de discriminación en base a la raza".
"Es una declaración sorprendente de este fiscal sin base legal que desgraciadamente no es raro, aunque tenemos muchas agencias del deber que hacen su trabajo y certifican estos casos" afirmó hoy a Efe Weissman.
Un estudio reciente de la Clínica de Inmigración y Derechos Humanos de UNC-CH reveló que el criterio que utilizan los policías, fiscales y otras dependencias del deber para otorgar las certificaciones de la visa U son "contradictorios".