Raleigh.- Sigue su camino en la Asamble Legislativa de Carolina del Norte el proyecto de ley que obligaría a las agencias estatales y juntas de licencia verificar el estatus migratorio de cualquier persona que solicite un beneficio público, así como el pedido de un préstamo, subvención, contrato, licencia profesional o licencia comercial (para ejercer una profesión u oficio).

La HB 484 "Verificación del estatus migratorio – SAVE" fue remetida hoy al Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

La propuesta indica que para realizar la verificación, las agencias estatales deberán usar el Programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para Autoridades (SAVE) proporcionado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Las provisiones señalan que a partir del 1 de enero de 2020, ninguna agencia estatal o junta de licencias puede proporcionar un beneficio público a cualquier solicitante, a menos  hayan verificado su estatus migratorio.

Para la implementación de esta propopuesta, se establece que todas las agencias estatales y todas las juntas de concesión de licencias firmarán un memorando de acuerdo para usar
14 el Programa de Verificación Sistemática de Extranjería para Derechos (SAVE) del DHS.

"A más tardar el 1 de diciembre de 2019, y posteriormente cada año, cada agencia estatal y cada junta de concesión de licencias informará al Comité de Control Legislativo Conjunto sobre Gobierno General sobre la aplicación de este artículo", indica la nueva ley antiinmigrante.

¿Qué pasaría si las agencias estatales no cumplen? Este proyecto proporcion el derecho a cualquier persona que resida en el estado a entablar una demanda o medidas cuatelares contra cualquier agencia estatal o junta de licencias que crea incumpla la ley.

Además el tribunal podrá imponer una multa de hasta $10,000 por "cada día que la agencia estatal o la junta de licencias no cumplan con la orden".