Raleigh.- Un proyecto de ley que plantea ampliar el uso obligatorio del programa federal de verificación de empleo E-Verify y eliminar una excepción que permite a las agencias policiales aceptar identificaciones comunitarias, fue aprobado la semana pasada en el Comité de Reformas Regulatorias de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte.
El proyecto de ley HB 1069, cuyo principal patrocinador es el representante republicano George Cleveland, fue enviado al Comité de Apropiaciones, donde, de ser aprobado pasaría al pleno de la Cámara de Representantes.
La propuesta titulada “Ley de Protección de los Trabajadores NC 2016” incluye una sección que impediría a las fuerzas del orden estatales aceptar identificaciones emitidas por individuos u organizaciones como los Faith Action ID que se están entregando en diversas ciudades del estado a personas indocumentadas.
La sección en cuestión elimina una enmienda aprobada el año pasado como un añadido a la ley estatal HB 318, para permitir a las agencias policiales aceptar identificaciones creadas por personas u organizaciones, cuando no hay otra forma de identificación válida disponible.
Dicha enmienda ha permitido que continúe expandiéndose el programa de identificaciones comunitarias de Faith Action, creado en 2013 por la organización sin fines de lucro FaithAction International, basada en Greensboro, para mejorar la relación entre la comunidad indocumentada y las agencias policiales.
“Desde que nosotros dimos esa excepción...una organización llamada Faith Action International ha comenzado a emitir a gran escala estas tarjetas de identificación y tenemos a numerosas agencias del orden a través del estado que están participando en este programa”, dijo Cleveland.
“Y lo que en efecto ha estado pasando es que teníamos una nueva tarjeta tipo matrícula consular que no tiene ninguna validez y que está siendo emitida y utilizada”, añadió el legislador.
La representante republicana Debra Conrad, que es co-patrocinadora del proyecto HB 1069, dijo que FaithAction International ha emitido cerca de 1,500 tarjetas de identificación en el área del Triad el último año y argumentó que eso está atrayendo más inmigración ilegal.
“Para mí, estos ID’s son un imán para atraer inmigrantes ilegales a nuestras comunidades en Carolina del Norte. Ellos (los inmigrantes indocumentados) se desplazan a donde saben que pueden estar y donde no se hace cumplir la ley federal”, sostuvo Conrad.
Los congresistas demócratas Larry Hall, Pricey Harrison y Graig Meyer defendieron la enmienda aprobada el año pasado argumentando que se estableció ante la necesidad de las fuerzas del orden de identificar a personas que viven en sus comunidades y que no tienen una identificación oficial.
Quitar la discreción de los oficiales de usar un ID para identificar a alguien haría más difícil su trabajo diario.
Doug miskew , A. De Alguaciles
“Las tarjetas de identificación que están siendo emitidas no hacen a nadie elegible para ningun tipo de servicio estatal o beneficio gubernamental. Ellas simplemente permiten a las agencias del orden decir ‘quién es esta persona’”, señaló Meyer, en cuyo distrito, que incluye Durham y Chapel Hill, han comenzado a emitirse los ID’s comunitarios este año.
“Pienso que parte de la razón de la expansión del uso de es tipo de ID en el último año es que las agencias del orden continúan teniendo la responsabilidad constitucional de asegurar que la comunidad entera está segura. Eso es muy difícil de hacer cuando tienes gente que no puedes identificar”, añadió Meyer.
Durante el debate Hall le preguntó a Cleveland si había consultado con la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte o la Asociación de Jefes de Policía del estado antes de incluir la eliminación de la enmienda dentro del proyecto HB 1069, y el republicano dijo que intentó hacerlo pero que no recibió ninguna respuesta.
A pedido de la representante Harrison, intervino entonces Doug Miskew, representante de la Asociación de Alguaciles, quien indicó que los alguaciles se oponen a la sección que eliminaría la enmienda que les permite aceptar otras formas de identificación.
“Remover la habilidad y discreción de los oficiales de usar o no un ID para determinar la identidad en su trabajo policial haría más difícil su trabajo diario. Por esa razón nos oponemos a la sección 2 de este proyecto”, afirmó Miskew.
Ante la oposición de los alguaciles, Hall pidió que el comité no siguiera adelante con el debate de la sección referida a los ID’s, pero ante el reclamo de los republicanos el presidente del comité sometió a votación la propuesta HB 1069 que terminó siendo aprobada.
Cambios a la ley estatal del E-Verify
El proyecto HB 1069 también plantea modificar los estatutos sobre el uso del programa federal de verificación de empleo E-Verify que actualmente es de uso obligatorio para las empresas que tienen más de 25 empleados.
La propuesta de Cleveland propone cambiar el estatuto para que todas las empresas con 5 o más empleados, verifiquen el estatus migratorio de sus trabajadores.
Además, propone eliminar la excepción que libera de esa verificación a los trabajadores estacionales que laboran menos de 9 meses en un año calendario.
Cleveland dio una serie de cifras sobre el supuesto costo que los indocumentados generan al estado, que según dijo asciende a $1.7 billones al año, aunque no fue capaz de señalar la fuente de la cual obtuvo las cifras.
“Tenemos 13,500 (inmigrantes indocumentados) en servicios sociales y el Medicaid estatal. Tenemos en la actualidad alrededor de 2,400 encarcelados en el estado. Todos por desde asesinatos, violación sexual y hasta abuso de menores”, dijo Cleveland.
“Si hubieramos tenido un programa válido para inmigrantes ilegales en el estado a través de los últimos años, estas cosas no estarían pasando en nuestro estado, al menos no en la tasa que están ocurriendo”, añadió.
El demócrata Larry Hall apuntó que no había ningún reporte o estudio que sostuviera las afirmaciones de Cleveland.
“Espero que no estemos creando hechos sin ningún soporte”, advirtió Hall al comité.