Charlotte (NC), 17 dic (EFEUSA).- El suspendido alguacil de Carolina del Sur James Metts alcanzó un acuerdo judicial para declararse culpable de recibir sobornos a cambio de mantener fuera de la cárcel a trabajadores indocumentados, informó la Fiscalía.

Este miércoles se realizará una audiencia en la corte federal en Columbia, capital del estado, para discutir los pormenores del acuerdo que el Gobierno federal ofreció a Metts, exalguacil de la zona de Lexington.

La Fiscalía indicó que los cargos de corrupción pública y sobornos podrían desestimarse de concretarse mañana el acuerdo, por lo que Metts solo recibiría tiempo de libertad condicional en la cárcel y pago de multas.

Metts, de 67 años y con 37 años de carrera y múltiples reconocimientos, fue acusado el pasado 18 de junio por el Departamento de Justicia federal de aceptar sobornos para interferir en el procesamiento de ciertos indocumentados.

De acuerdo con la acusación federal, en noviembre de 2011 Metts aceptó un sobre con efectivo del dueño de varios restaurantes mexicanos para dejar en libertad a uno de sus empleados, que era indocumentado, tras su arresto por conducir imprudentemente.

Los fiscales alegaron que Metts se ponía en contacto con su personal de mando en la cárcel para dar a los empleados del dueño de los restaurantes un trato “preferencial”, lo que dificultaba la labor de los agentes federales de Inmigración en cuanto a su procesamiento.

Ante estas trabas, el empleado entonces sería puesto en libertad, según los investigadores, y Metts podría obtener dinero en efectivo como pago por su ayuda.

A la cárcel del condado de Lexington llegan los inmigrantes que son detenidos por la policía local e inmediatamente son procesados por el programa de inmigración 287g, que determina el estatus migratorio del individuo.

El alguacil ha mantenido desde el principio su inocencia y se comprometió a luchar contra los cargos, ya que, según él, eran “un intento por desacreditarlo”.

Iván Segura, presidente del Concejo de los Mexicanos en las Carolinas, comentó hoy a Efe que “debería caer todo el peso de la ley a una persona que haya cometido un delito y en especial de un servidor público que debe proteger a la comunidad”.

“Lo que hizo el alguacil Metts fue dañar las relaciones de confianza entre la comunidad inmigrante y la policía”, acotó el líder comunitario de Columbia.

Otras tres personas enfrentan cargos estatales en relación con la acusación Metts, incluyendo al exconcejal de la ciudad de Lexington Danny Frazier, el exjefe de policía de South Congaree Jason Amodio y el propio dueño de la cadena de restaurantes, Greg León.