Raleigh.- Entre los pasillos de las oficinas de los legisladores de la Asamblea de Carolina del Norte se maquila algo alrededor de una propuesta de ley que obligaría a las distintas entidades de gobierno de este estado a revisar el estatus migratorio de las personas que soliciten cualquier beneficio público o intente tramitar una licencia profesional.

La HB 29, titulada “Verificación de Estatus Migratorio – SAVE”, fue el tema principal que se debatió en la junta semanal del comité judicial 3 de la Cámara de Representantes.

El republicano George Cleveland presentó la iniciativa de ley ante sus colegas, mientras que la demócrata Deb Butler arremetió argumentando que el sistema que se emplearía, la base de datos SAVE, es ineficaz para el uso que pretenden dar los legisladores.

De aprobarse esta propuesta y convertirse en ley, las instituciones de gobierno en Carolina del Norte estarían obligadas a utilizar el sistema SAVE para revisar el estatus migratorio de personas que soliciten cualquier beneficio público por jubilación, salud, discapacidad, vivienda, educación, alimentación o desempleo, de acuerdo con el texto de la iniciativa impulsada por Cleveland. También tendría un impacto en los trámites para obtener cualquier tipo de licencia profesional, incluyendo oficios como cosmetología, peluquería y construcción.

Según un análisis del abogado Raúl Pinto del Centro de Justicia de Carolina del Norte, la intención de debatir la HB29 en este comité es una forma de prepararla para su votación sin permitir una discusión más profunda.

“Van a tomar en cuenta esta discusión”, dijo Pinto en una entrevista con Qué Pasa.


Propuesta ineficaz
De igual forma que la representante Butler, el abogado del Centro de Justicia asegura que el sistema SAVE, no es un sistema que funcione al cien por ciento.

“El estatus migratorio de una persona es un concepto fluido, ya que puede cambiar de un día a otro”, dijo Pinto. “El sistema SAVE es casi parecido al E-Verify y es lo único correcto que ha dicho George Cleveland”.

Actualmente la División de Vehículos Motorizados utiliza este sistema para revisar la presencia legal de los solicitantes que tramitan licencias de conducir.

Pinto también indicó que la HB29 parte de la premisa errónea que los indocumentados piden beneficios públicos.

“Estudios académicos han demostrado que las personas inmigrantes utilizan beneficios públicos con menor frecuencia que las personas nacidas en los Estados Unidos. Además, las personas sin estatus migratorio no son elegibles para beneficios públicos. Si va al Servicios Sociales de su condado, simplemente se la va a denegar. Por lo tanto, no sé qué problema está tratando de arreglar Cleveland”.


Los que serían más afectados
Los inmigrantes que se verían más afectados de aprobarse este proyecto, según Pinto, serían aquellos con DACA, TPS o permiso de trabajo donde no hay aún un estatus migratorio adjudicado como visa U.


“La razón es que el término beneficio público bajo la ley federal dice que este tipo de licencias profesionales son para personas calificadas y ese grupo lamentablemente no caben en la definición de los que es un inmigrante calificado”.

Hispanos conservadores también en contra
Al momento de permitir los comentarios del público en la junta de los representantes que debatieron la HB 29, el director de Hispanos del Sur fue la única persona que alzó la mano para compartir sus opiniones.

Gilbert Pagán se declaró en contra de esta propuesta de ley, debido a que “tendrá consecuencias económicas mucho más negativas para Carolina del Norte”.

“Todos los inmigrantes que trabajan en ciertos campos que requieren una licencia ocupacional, comercial o profesional otorgada por el estado, como contratistas generales, electricistas, salones de belleza, salones de uñas y cosmetología, se verán afectados por este proyecto de ley si no tienen estatus legal”, dijo Pagán en un comunicado difundido después de la reunión en la legislatura. “Muchos son inmigrantes en estos trabajos”.

De acuerdo con el líder de Hispanos del Sur, los inmigrantes son “gente trabajadora, tienen negocios que emplean a otros, que brindan apoyo a sus familias” y al ser dueños de negocios, pagan impuestos, alquiler de sus espacios comerciales y “el impacto de sus negocios tiene efectos en toda la economía del estado”.

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