Winston-Salem.- Miembros de la Asociación Americana de Abogados de Inmigación (AILA por sus siglas en inglés) en Carolina del Norte luchan para que los jueces de inmigración en Charlotte escuchen una moción que beneficiaría a muchas personas que se encuentran en proceso de ser deportados.

Por años, los abogados de inmigración han tenido que maniobrar el sistema para establecer la fianza de su cliente antes de que sea enviado al Centro de Detención Stewart, en Georgia. De no lograrlo antes de ser transferidos fuera de las Carolinas, sus opciones para quedar libres, se debilitan en gran medida.

Según la abogada Helen Parsonage, los jueces de inmigración en Charlotte argumentan no tener la jurisdicción y desechan las peticiones, aún cuando el detenido técnicamente  sigue dentro del estado.

Abogados miembros de AILA y del Proyecto Nacional de Inmigración lograron hace unas semanas que el Consejo de Apelaciones de Inmigración (BIA) decidiera a favor de que los jueces de inmigración puedan ordenar las fianzas, debido a que no existe ningún lenguaje en la ley que se los prohiba.

“El estatuto dice dónde se puede pedir la petición, no quiénes pueden oirla”, explicó Parsonage.

En caso de no lograr la fianza y que la persona salga libre sin tener que ser trasladada hasta Georgia, Parsonage describió el enorme peso en las familias, quienes deben conducir por ocho horas para visitar al detenido o asistir a las audiencias y situación que dificulta su caso migratorio.

No obstante, por el momento los jueces de inmigración no han seguido la decisión del BIA, según Parsonage argumentando que como no ha sido publicada, no es oficial.

“Los jueces están mal”, dijo la letrada, quien aseguró continuará con los otros abogados de AILA empujando para lograr las fianzas y evitar la prisión en Stewart.