Washington, 20 jun (EFE).- Líderes republicanos del Senado de EE.UU. impulsaron hoy un «plan de refuerzo» para la vigilancia en la frontera con México que crearía un hervidero de agentes y recursos en la zona, incluso aviones no tripulados, con el fin de allanar el camino hacia la aprobación de una reforma migratoria integral.

En una jornada marcada por continuas divisiones sobre la reforma migratoria, los senadores republicanos John Hoeven, de Dakota del Norte, y Bob Corker, de Tennessee, pactaron un «plan de refuerzo» de la seguridad en la frontera sur, con la intención de recabar el mayor apoyo posible hacia la reforma.

Los republicanos siempre han insistido en que se debe reforzar la frontera antes de poner en marcha algún plan de legalización.

La enmienda Hoeven-Corker busca aproximar posiciones de manera que la reforma migratoria, una de las prioridades del presidente, Barack Obama en su segundo mandato, pueda lograr apoyo bipartidista cuando sea votada, previsiblemente la próxima semana.

«Nuestra legislación proveerá de forma significativa más recursos para resguardar la frontera: más agentes, más muros, más tecnología», explicó Hoeven.

«Esos recursos deben estar plenamente desplegados y operacionales antes de que se permita un estatus para la tarjeta verde (residencia de permanente)», agregó.

Corker dijo que se trata de un plan «robusto» que fortalece la reforma negociada por el «Grupo de los ocho» del Senado y busca frenar una futura oleada de inmigrantes ilegales.

Entre los recursos tecnológicos se incluye el uso de sistemas de vigilancia portátiles, sensores infrarrojos, decenas de aviones no tripulados, helicópteros y torres de observación.

Según fuentes legislativas consultadas por Efe, aunque la enmienda no ha sido presentada formalmente ni será votada hoy, ésta es «un avance importante» para conjurar las objeciones a la reforma tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, que aún negocia su propia versión.

Entre otros elementos, la enmienda exige que, antes de otorgar la residencia permanente a los once millones de indocumentados -éstos podrán obtener un permiso temporal, mientras tanto-, el Gobierno cumpla con cinco condiciones para la seguridad fronteriza.

Así, la enmienda exige un plan de seguridad integral de 3.200 millones de dólares, con recursos tecnológicos en cada tramo de la frontera sur; la duplicación a 40.000 agentes fronterizos, y la construcción de muros a lo largo de 1.126 kilómetros en la zona, como se prometió en 2006.
Se calcula que la contratación de los 20.000 agentes adicionales conllevaría un costo de 30.000 millones de dólares en la próxima década.

La medida pide el uso obligatorio del programa federal «E-Verify» para que las empresas verifiquen el estatus legal de sus empleados. Por ahora, solo es obligatorio para las que tienen contratos federales.

Además, exige un sistema biométrico para el registro de entradas y salidas de todo extranjero en todos los puertos de entrada por tierra y aire.

Solo los trabajadores agrícolas y los estudiantes indocumentados que vinieron a EE.UU. cuando eran menores podrían acceder a la residencia permanente sin tener que esperar a que se cumplan esos requisitos.

Se trata, en todo caso, de una obra en ciernes ya que los legisladores negocian otros cambios, como el negar beneficios dentro del Seguro Social (pensiones) para indocumentados que pagaron impuestos con documentos falsos.

Varios republicanos, entre ellos Marco Rubio, de Florida, Pat Toomey, de Pensilvania, y Jeff Sessions, de Alabama, insistieron en que la seguridad fronteriza es un elemento clave para que la reforma salga adelante.

La enmienda ya causó el recelo de grupos defensores de los derechos civiles y líderes pro reforma, que la tacharon de excesiva e innecesaria, porque la iniciativa ya prevé suficientes recursos para la seguridad fronteriza.

Eliseo Medina, del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicio (SEIU), aplaudió que la enmienda no impida la eventual ciudadanía de los indocumentados pero consideró que con ella «solo hemos aumentado el arsenal y la fortificación de la frontera» y tendrá un alto costo financiero.

En la única votación del día, el Senado, bajo control demócrata, derrotó una enmienda del senador republicano por Texas, John Cornyn, que hubiese supeditado la legalización de los once millones de indocumentados a la certificación de la seguridad fronteriza durante seis meses.

Según los partidarios de la reforma, la enmienda de Cornyn era una de esas «píldoras venenosas» que amenazaban con descarrilar lo que sería la mayor reforma migratoria desde 1986.

Desde que empezó el debate en el pleno del Senado el pasado 11 de junio, se han presentado 247 enmiendas al plan reformista, pero solo 12 han sido sometidas a voto.