Washington, 13 abr (EFE).- El senador republicano Marco Rubio prepara una ofensiva mediática para "vender" el proyecto de reforma migratoria del "Grupo de los Ocho", que será presentado el martes y del que algunas filtraciones han causado rechazo entre miembros de su partido y consternación entre grupos progresistas.
Una fuente del Congreso confirmó a Efe que el proyecto de ley, de unas 1.500 páginas, será presentado el próximo martes, en víspera de la primera audiencia del Comité Judicial del Senado sobre la legislación.
La oficina de Rubio confirmó a Efe que el senador, que se perfila como posible candidato presidencial en 2016, participará el domingo en siete programas de televisión, incluidos de las cadenas hispanas Univisión y Telemundo.
En enero pasado, Rubio también realizó una campaña mediática que incluyó las principales cadenas de radio y televisión del país y medios conservadores como la cadena Fox, en busca del apoyo de los conservadores a una reforma que permita la regularización y eventual ciudadanía de los once millones de indocumentados del país.
"El sistema migratorio de EE.UU. está roto y conforme avance el debate para la reforma, esperamos ver una discusión constructiva que asegure que tendremos finalmente una solución", dijo a Efe Jennifer Korn, directora ejecutiva de la Red de Liderazgo Hispano (HLN, en inglés).
Añadió que, al contrario que "otros asuntos en el Congreso, vemos un verdadero esfuerzo bipartidista y nos alienta (a pensar) que esa legislación será aprobada este año".
En este debate "no sólo son los conservadores los que nos deben preocupar sino también los progresistas, cuyo plan no hace nada por respaldar la dura labor de sus colegas que trabajan en una legislación genuina y bipartidista", agregó Korn sobre un plan presentado el jueves en la Cámara de Representantes por un grupo de demócratas de corte moderado.
Entre otros elementos, la propuesta impone por iniciativa republicana una fecha límite para ampararse al ajuste migratorio, lo que dejaría fuera del proceso de legalización a centenares de miles de indocumentados que entraron a EE.UU. después del 31 de diciembre de 2011.
Los indocumentados recibirían un permiso temporal y tendrían que esperar diez años para tramitar la residencia permanente y otros tres para solicitar la ciudadanía estadounidense.
En aras de la reunificación familiar, la legislación también prevé eliminar en un plazo de diez años las demoras en los trámites de los 4,7 millones de extranjeros que ya están "en cola" para obtener la residencia permanente a través de vínculos familiares.
Así, por ejemplo, los cónyuges e hijos menores de residentes permanentes que aguardan la aprobación de sus visas tendrían la misma prioridad que los de ciudadanos estadounidenses, según las fuentes legislativas.
Además, exigiría la vigilancia "al 100 por ciento" de la frontera sur -por donde se cuela la mayor parte de la inmigración ilegal- y que las autoridades presenten un plan para garantizar una eficacia del "90 por ciento" en la detención de personas que crucen ilegalmente hacia este país.
El proyecto de ley contempla prohibir que los indocumentados tengan acceso a los beneficios de la reforma de salud de 2010, y tendrá un sistema obligatorio para que las empresas verifiquen el estatus migratorio de los empleados.
Durante una conferencia telefónica con periodistas, activistas partidarios de la reforma indicaron que, si bien el proyecto de ley no es perfecto, al menos los senadores podrán presentar enmiendas antes de su votación definitiva, previsiblemente para junio o julio próximos.
"No nos gusta la fecha límite (para la legalización). Presionaremos para ver si esa fecha se puede cambiar", dijo Frank Sharry, director ejecutivo del Fondo de Educación de America's Voice.
Tomando en cuenta que ha bajado sustancialmente la inmigración ilegal a EE.UU. por la crisis económica, el que queden fuera algunos "centenares de miles" que entraron ilegalmente desde 2012
"no es ideal" pero es menor que los quedaron fuera tras la amnistía de 1986, dijo Angie Kelley, vicepresidenta para política migratoria del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP).
Kelley subrayó que lo importante es que habrá un "proceso robusto de enmiendas y discusiones" para moldear la reforma antes de que se someta a votación en el pleno del Senado.