Charlotte.- Desde un podio del Gimnasio de la Escuela Secundaria  Del Sol,  en un vecindario hispano de Las Vegas, el presidente Barack Obama ratificó su promesa de lograr una reforma migratoria que legalice a los indocumentados.

“Estoy aquí hoy porque ha llegado el tiempo para dar sentido común a la reforma migratoria integral”, dijo el mandatario durante un acto en el que los asistentes repitieron el estribillo de campaña “Sí se puede… Sí se puede”.
Para el martes 29 de enero, habían pasado  cuatro años y siete meses, desde que el entonces candidato Obama se había comprometido a sacar adelante en el primer año de su primera presidencia la reforma migratoria.
La diferencia con lo que tuvo que confrontar durante la primera fase de su primer gobierno, fueron los virulentos ataques de los fanáticos del Partido del Té, que se escenificaron durante el debate de la reforma de salud.
Mejor posicionado por los resultados electorales de los comicios del 6 de noviembre pasado, en los que más del 70 por ciento de los 12 millones y medio de votantes latinos lo respaldaron, el presidente se muestra más optimista de cumplir  la promesa que hizo a los hispanos.
En esta ocasión, el peso de la derrota ha hecho que un sector de la dirigencia republicana reflexione y haya decidido como imperativo para su partido captar el voto latino y borrar la dolorosa experiencia de la derrota del excandidato Mitt Romney. Romney y sus seguidores antiinmigrantes alienaron al bloque conservador hispano, con su posición de autoderpotar a los indocumentados y descartar su respaldo al Dream Act, que propone la legalización de los jóvenes estudiantes que fueron traídos al país siendo menores de edad.
Horas antes de la presentación del presiente en Las Vegas, un grupo de ocho senadores demócratas y republicanos esbozaron unos principios bipartidistas de lo que sería la reforma migratoria, incluyendo legalización de los indocumentados, vía a la ciudadanía y severas medidas para detener la inmigración irregular.
El presidente ofreció los mismos fundamentos. Se pronunció por hacer más ágil el proceso de regularizar a los indocumentados, y concluir con el paso a la ciudadanía, que se demoraría entre ocho y doce años.
Igualmente, no se refirió a la propuesta de conformar una junta de evaluación de seguridad de la frontera, que estaría integrada por los gobernadores del llamado borde, ni tampoco un plan del mandatario condicionaría la situación fronteriza al trámite de legalización de los indocumentados. La actual administración interpreta que el problema de la seguridad fronteriza ya está solucionado con la asignación de 18 billones de dólares para controlar la zona, donde hay más de 20 mil agentes, sistemas cibernéticos para detectar el paso de personas y aviones no tripulados. Esto sin contar que un millón y medio de indocumentados han sido deportados en los cuatro años del gobierno demócrata.