El Senado de Estados Unidos  aprobó  una extensa reforma migratoria que legaliza a la población indocumentada y fortalece la seguridad fronteriza, pero afronta un rumbo incierto ante las advertencias republicanas de que esta encontrará su tumba en la Cámara de Representantes.

Esta reforma, una tarea inconclusa desde el último intento en 2007, fue aprobada por 68 a 32, con el "sí" de 14 republicanos que se sumaron a los 52 demócratas y dos independientes.
Sin embargo, y pese al riesgo político que supone de cara al creciente electorado hispano, los republicanos han asegurado que la reforma, tal como fue aprobada, encontrará su tumba en la Cámara baja.

"Este proyecto de ley se aprobará en el Senado, pero no con mi voto, y en su versión actual, no va a convertirse en ley", sentenció el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.

El presidente de la Cámara baja, el republicano John Boehner, aseguró que su bancada se reunirá el próximo 10 de julio para trazar su propia estrategia y no hará un simple calcado de la versión del Senado.

El "Grupo de los siete" que negocia la reforma en la Cámara de Representantes -uno menos que los ocho del Senado, después de la renuncia del republicano Raúl Labrador- aún no ha presentado su propio plan.

El congresista demócrata Luis Gutiérrez, miembro de ese grupo, dijo hoy que "ha comenzado la cuenta atrás no solo para el Partido Republicano, sino también para los 1.400 indocumentados que son deportados cada día ante la ausencia de una reforma".

En el complejo entramado parlamentario, las opciones para la Cámara baja son pocas y cada una tiene sus riesgos: rechazar la versión del Senado y elaborar una similar; debatir una completamente nueva, o debatir medidas parciales por separado e incorporarlas en un solo paquete.

En todo caso, las dos versiones tendrían que ser armonizadas en un solo texto y votado de forma definitiva, previsiblemente después del receso de agosto. La del Senado, la mayor desde la de 1986, se apoya en tres pilares: la legalización de los indocumentados; la regulación de futuros flujos migratorios; y el reforzamiento de la seguridad en la frontera con México, por donde se cuela la mayoría de los indocumentados.

El punto fundamental de la medida, negociada entre bambalinas desde enero pasado por el "Grupo de los ocho" del Senado, es que sin el sellado de la frontera no habría posibilidad de conseguir la residencia permanente.

Los expertos coincidieron hoy en que, al contrario que en 2007, el panorama político ahora es más propicio. "La gente subestima el enorme cambio político que ha habido desde 2007. El voto en el Senado ayudará a dar forma al debate en la Cámara de Representantes y creo que esta también apoyará la reforma migratoria", dijo a Efe Angela Kelley, analista del progresista Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, en inglés).

El cambio responde en parte al creciente poder político de los inmigrantes: el presidente de EE.UU., Barack Obama. ganó la reelección en 2012 con el 71 % del voto hispano, frente al 27 % que recibió su rival republicano, Mitt Romney.

Aunque la reforma contiene medidas que sentaron mal en México respecto a la vigilancia fronteriza, Kelley consideró que se trató de escoger el menor de los males y la iniciativa "es un logro sustancial para regularizar a los indocumentados".

Stephen Yale-Loehr, profesor de leyes y experto en asuntos migratorios en la Universidad de Cornell, advirtió de que muchos legisladores creen que la versión del Senado se quedó corta y que el Congreso "no debe legalizar a ningún indocumentado bajo ninguna circunstancia".

Boehner exige que la reforma tenga el apoyo de la mayoría de los republicanos "y hasta ahora eso parece poco probable", señaló. Los partidarios de la reforma llegaron a la mesa de negociaciones cargados de argumentos sobre los beneficios económicos y de seguridad nacional del plan reformista.

Un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso indicó que, con la reforma, la economía crecerá en un 3,3 % en la próxima década y en 5,4 % la siguiente, y se reducirá el déficit en 197.000 millones de dólares para 2023.

Pero sus detractores se escudaron en la incipiente recuperación económica de EE.UU. para señalar que la prioridad debe ser crear empleos para los 22 millones de personas sin trabajo o subempleadas.

Algunos republicanos de la Cámara Baja, como la representante por Florida, Ileana Ros-Lehtinen, creen que, pese al escabroso camino, ese órgano legislativo también hará historia.

"El voto bipartidista en el Senado muestra que Washington puede transcender a las políticas partidistas por el bien de la nación", dijo Ros-Lehtinen en un comunicado.

"Espero que mis colegas en la Cámara baja también harán su parte para asegurar nuestras fronteras y ayudar en la búsqueda de una solución para las familias inmigrantes en nuestro país, que pueden crear empleos y contribuir a nuestra economía", puntualizó. EFE